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GOBERNAR SIN LA RAZÓN Y POR LA FUERZA. EL ACTUAL GOBIERNO Y SU DESPRECIO POR EL DERECHO.

CDMX
Jueves, 30 de abril de 2020

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“El referendo fue históricamente, el arma de los fascistas,
a los demócratas, les basta con la aplicación del derecho.”
Ikram Antaki.

Los gobiernos sientan su legado en las leyes y decretos que promulgan, es ahí donde proclaman su visión y proyecto, su relación con el derecho está marcada proporcionalmente en su respeto por la Ley, no solo la vigente sino también la que expiden. La Revolución Mexicana, cimentó su proyecto de país en la Constitución de 1917, recogiendo las aspiraciones obreras, campesinas y populares, emanadas de la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, pero consolidadas en el Teatro de la República en Querétaro, durante el Congreso Constituyente. “Estamos ante momento más solemne de la Revolución”, proclamó el Diputado Francisco J. Múgica, en las discusiones del Artículo Tercero. Las leyes que un gobierno impulsa, son las pruebas con las que se defenderá ante el Juicio de la Historia, además de la forma en como se construyeron, si fue a través del consenso o de la fuerza.

Ante la intolerancia y el fascismo, la tradición cuenta que, Miguel de Unamuno sentenció “Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha, razón y derecho.” Sin duda hay textos en la Historia, que más que referencias se vuelven profecías; como el texto atribuido al filósofo vasco, al igual que aquel artículo de Ikram Antaki, titulado “El Bárbaro y los cobardes”, publicado en el año dos mil y del cual me permito citar lo siguiente:

Hablar de “estado de derecho” cuando se no se tiene si quiera la idea de que un hombre absolutamente solo, erguido ante miles, pueda tener la razón y que la fuerza del Estado en su totalidad, como garante del derecho, debe apoyarlo y hacerlo triunfar, hablar de “estado de derecho” -digo-  en estas circunstancias, es palabrería vacía y es mentira.

Y es que el actual gobierno federal, por más que proclame que no hará nada por la fuerza, sino todo por la razón y el derecho; se ha empeñado en despreciar la Ley y utilizarla como un medio de propaganda, sin guardarle respeto alguno, tanto a su fin como garante del Estado de Derecho, como a su forma en su calidad de instrumento político, y por tanto apegado a la negociación y al consenso.

Prueba de esto, es que aunque en el discurso mediático se vende la Ley como un instrumento necesario y útil para la sociedad, en el texto final y su aplicación se denota la improvisación proveniente del mito y la ocurrencia. Dos ejemplos puntuales, son la Ley de Confianza Ciudadana, que en el discurso proclamaba una nueva relación entre el empresario con el Gobierno, basada en la presunción de la buena obra del primero y en la confianza del segundo; hoy día es letra muerta, porque no se sabe nada de su operación, pero más aún, el Gobierno, ha mostrado su real confianza con el empresario, equiparando la defraudación fiscal, con la delincuencia organizada; señalándolos, además, como cómplices de un delito a la nación llamado “condonación de impuestos”. En el mismo tenor, la Ley de Amnistía, prometía retirar la sobrepoblación carcelaria -que tiene un nivel en centros penitenciarios federales del 32 por ciento-, para evitar los contagios masivos durante la epidemia actual; pero en los hechos, los posibles beneficiarios serán de menos del uno por ciento de la población total y con un proceso administrativo que podría terminar con su libertad, cuando ya hayan pasado los días más crueles de la epidemia.

En cada uno de los procesos legislativos, ha imperado la fuerza en vez de la razón y el consenso; la muestra, la discusión en el Senado de la Ley de Amnistía, donde se convocó a una sesión en medio de una epidemia, solamente para discutir este proyecto haciendo caso omiso de las demandas de toda la sociedad, para construir un Acuerdo de Unidad Nacional, que consolide acciones para proteger la salud y la economía de las familias de México. Se equivocan los diputados y senadores afines al Gobierno, al pensar, que el interés nacional es la voluntad del presidente.

Sin embargo, en los últimos días, se dio a conocer un Decreto por el cual se anuncian medidas de austeridad, ante la emergencia económica para blindar los programas prioritarios, que incluyen algunas acciones ilegales, como la reducción de una cuarta parte del sueldo y la eliminación de aguinaldos u otras gratificaciones, para servidores públicos; por ejemplo. Pero que además, por voluntad propia del presidente se convierte en una iniciativa prioritaria, que deberá discutirse a la hora y en los términos que él decida. Esta iniciativa pretende modificar el artículo 21 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que en caso de una “emergencia económica”, se puedan disponer de los recursos etiquetados previamente por la Cámara de Diputados, de acuerdo a los criterios del Ejecutivo. Hay que señalar que el mismo artículo ya prevé algunas opciones en cuanto los ingresos nacionales disminuyen, dotando a la Secretaria de Hacienda, para transferir recursos de rubros no prioritarios para proteger a los programas sociales o a cualquier otro destinado a la atención de la población, como la salud.

Entonces esta medida pareciera innecesaria, pero en la práctica real, lo que pretende, es blindar los programas y rubros que se consideren “prioridad”, para el Ejecutivo, en términos llanos, ante la contingencia sanitaria y las necesidad de proteger la vida y la economía de las familias, el presidente pretende apostar el futuro de nuestro país, al porvenir de una fantasía; es decir sus proyectos prioritarios, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, tres obras que no tienen los estudios técnicos, ambientales o económicos que aprueben su viabilidad.

Pareciera que el sentido común, impone que primero hay que destinar todos los recursos necesarios para fortalecer el sistema de salud y salvar la mayor cantidad de vidas posibles, empezando por la de los médicos, enfermeras y otros servidores públicos, que están en riesgo, de acuerdo con las cifras oficiales, al menos el 10 por ciento de los contagiados confirmados, son trabajadores del sistema de salud.
Esta Iniciativa confirma el nulo interés del actual gobierno por respetar la Ley y la división de poderes, entendiendo al Congreso como una oficialía de partes, que debe estar sujeta a la voluntad y los tiempos del Ejecutivo; no del país, ni de la sociedad y sus necesidades en momentos de apremio.

Pensar que el interés nacional se construye a partir del afán de una sola persona, es una renuncia completa a la democracia; utilizar a la Ley como un medio de propaganda o contravenirla para satisfacer los deseos personales, revela el desprecio por el Estado de Derecho.

Lamentablemente los diputados del grupo mayoritario y afín al actual gobierno, no tienen la capacidad, salvo contadas excepciones, de asumir su papel y apropiarse de la frase que reposa en el Salón de Sesiones, “La Patria es Primero”; más cuando el único elemento que disponen para aprobar la Ley, es el uso de su mayoría absoluta, como sinónimo de la fuerza, es decir “Vencerán, pero no convencerán”.

Hoy México se debate ante el momento más difícil de su Historia reciente, ante una crisis de la cual no se sabe aún cuando y cómo terminará, pero que en cada día de su extensión pone en riesgo la vida y el patrimonio de las personas; la actual administración hipoteca el futuro de las próximas generaciones, arriesgando los escasos recursos al porvenir de una fantasía. Nuestro país, requiere un cambio de timón y todos los que aspiramos a construir el espacio que compartimos, debemos prepararnos y asumir con responsabilidad y preparación, los meses venideros.
Ante la necedad y la ocurrencia, usemos la mesura y la razón…



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