En México, estamos en la cúspide de contagios y fallecimientos por la epidemia del Covid-19, a mediados de este mes de mayo aún no se tiene la certeza de cuando terminará el ascenso de la famosa curva, para comenzar su aplanamiento y su deseable descenso; al día de hoy la movilidad de las personas se ha reducido y con ello la economía; los trabajadores de la salud, héroes y ejemplo para millones, se encuentran en una situación precaria y mortal, aún así, día con día, luchan por salvar la vida de miles de mexicanos que han resultado contagiados.

Esta contingencia no es única, ya habíamos vivido un episodio similar hace 11 años, con el llamado H1-N1, sin embargo la magnitud de esta nueva epidemia, nos lleva a pensar que las escasas medidas de anticipación y prevención, que dejó en 2009 el episodio anterior, no tuvieron éxito y prácticamente comenzamos de nuevo en ceros. Con un sistema de salud débil, con la asignación presupuestal más baja de los últimos 15 años y sobre todo ante la incertidumbre por la creación de un nuevo esquema de protección social, denominado INSABI.

En materia económica, las cosas no serán distintas al 2009, tendremos la pérdida de crecimiento en razón del PIB, más grande de la Historia moderna de México, en solo un mes se perdieron todos los empleos generados en el 2019 y algunos analistas como el Centro Espinoza Yglesias, señala que podrían perderse en este año 875,000 empleos formales. Más aún, las cadenas de valor se interrumpirán ante la pérdida de eslabones, principalmente en pequeñas y medianas empresas; con ello la recuperación económica será lenta y tortuosa.

Sin embargo, es deber de quienes hemos asumido como tarea construir el espacio que compartimos, que de acuerdo a Felipe González, es la definición de la política; reflexionar y proponer alternativas, ya que si solo nos quedamos en la critica y la premonición funesta, estamos renunciando a la posibilidad de pensar en el futuro y nos convertirnos en agoreros de desastre.

Pues bien, la intención de este artículo es proponer algunas alternativas a los desafíos que enfrentaremos en el corto y mediano plazo, con una elección intermedia por venir y con la incertidumbre sobre la salud, la economía y la seguridad social de nuestro país.

En primer término, me parece fundamental resaltar, que esta contingencia hizo más evidente la desigualdad en la que vivimos; un porcentaje de la población tiene la oportunidad de quedarse en confinamiento en sus hogares, con la certeza en el trabajo estable, el ahorro, la propiedad y la seguridad social; pero la mayoría de las personas no tuvo acceso a estos beneficios y por lo tanto su supervivencia depende de su ingreso diario; esto nos lleva pensar que el modelo sobre el cual basamos la seguridad social como una prestación laboral debe cambiar. Los costos de la seguridad social en México no son accesibles para muchas personas, sobre todo aquellos que viven al día y que ante la imposibilidad de ingresar al régimen tributario formal, también están marginados del seguro social. El año pasado gracias a la lucha incesante de las trabajadoras del hogar, se dio un primer paso para brindarles el derecho al seguro social; esa podría ser una alternativa para millones de trabajadores; con tasas tributarias y de seguridad social más bajas, progresivas y redistributivas.

Esta inequidad, también se ve reflejada en el acceso a la salud, tenemos un sistema de salud pública fragmentado en al menos tres grandes conjuntos, el IMSS, el ISSSTE y el INSABI; cada uno de ellos pretende brindar al menos la misma atención básica, tal como el catálogo de “Causes”, del hoy desaparecido Seguro Popular; sin embargo este modelo también esta rebasado y por necesidad debe cambiar, una alternativa podría ser la consolidación de un seguro universal, que permita mayor flexibilidad y que la persona pueda atenderse en la clínica más próxima a su domicilio, sin importar su afiliación; un número importante de acciones preventivas de enfermedades crónicas no contagiosas, como la diabetes; se interrumpen en cuanto la persona deja de laborar en el régimen “formal”, es necesario adaptar el modelo a las diversas formas de empleo que hoy tenemos; muchas personas hoy día trabajan por su cuenta en el comercio o en el sector de servicios, otras más tienen diversas fuentes de ingreso que no están asociadas a un empleo formal; tenemos que reconocer todas las formas de trabajo e ingreso que tienen las familias mexicanas y brindarles opciones flexibles y continuas de permanencia en los servicios de salud pública.

Ahora bien, es prioritario alcanzar la meta de invertir el 2% del PIB, en salud, ante el escenario actual se revelaron las carencias y también las ocurrencias, la pérdida del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular, terminó con un ahorro de una década de inversión en salud, por ello es necesario recuperar un fondo de previsión para este tipo de contingencias extraordinarias, es imposible atender una epidemia con los recursos ordinarios del año fiscal, más cuando se decide incorporar a un conjunto poblacional, sin reglas de financiamiento como las tenía el seguro popular. El sistema de salud pública requiere de recursos ordinarios para aumentar su capacidad de respuesta y de un fondo de ahorro que permita liquidez y flexibilidad financiera en momentos de apremio. Una de las razones, para aumentar el tiempo de reducción de movilidad social, con un alto costo en la economía, era preservar el nivel de atención del sistema de salud, es decir el riesgo de esta epidemia está en la posible saturación del sistema de salud en una región o a nivel nacional, lo que causaría un elevado número de fallecidos.

La reducción a la movilidad, sin duda va a tener consecuencias en la economía, lo que nos conduce a la necesidad de crear un seguro de desempleo, fondeado por el Estado, el Sector Empresarial y los Trabajadores; a la par de una seguridad social más flexible, el seguro de desempleo sobre todo para contingencias similares podría salvar vidas y preservar de mejor forma las cadenas de valor en la economía. Hoy los ahorros de muchos mexicanos en el sistema nacional de pensiones, están siendo usados como un seguro de desempleo, pero el efecto de la reducción de recursos de las pensiones tendrá consecuencias en la solvencia del propio sistema de ahorro, acortando los recursos y por ende las pensiones. Es fundamental que el seguro de desempleo se incorpore dentro de la política básica de seguridad social, de forma progresiva y universal. Un seguro de desempleo nos permitirá salvar más vidas, dado que las personas que pierdan su trabajo podrían tener un ingreso asegurado durante los días más difíciles de la epidemia.

Finalmente, aún no sabemos la magnitud de la crisis económica que tenemos enfrente, pero sin duda se perderán empleos y empresas, las cadenas de valor no tendrán la liquidez necesaria para reiniciar sus actividades y la moratoria de pagos y quiebras será inevitable, se ha puntualizado la necesidad de una cultura de ahorro empresarial y sobre todo de una disciplina financiera para manejar los pasivos, es hora de pensar en que las empresas requieren mayores incentivos para el ahorro y mejores condiciones de financiamiento; una idea sería crear fondos de estabilidad empresarial, destinando una porción del impuesto sobre la renta, los cuales podrían invertirse en el mercado de valores y además servir como garantía para contingencias extraordinarias, de naturaleza bipartita entre el Estado y las empresas.

Todo lo anterior, nos conduce a un punto convergente, es necesaria una reforma fiscal y de seguridad social, que deben ser discutidas a la par y consolidar los intereses del Gobierno, las empresas y los trabajadores; necesitamos incorporar a más personas al régimen contributivo y que ellas obtengan los beneficios de la seguridad social y la salud pública, un nuevo acuerdo debe surgir al terminar la epidemia para poder reactivar la economía y que la recuperación sea menos dolorosa. Además no podemos descartar sucesivas oleadas de contagios, hasta que exista una vacuna y se pueda inmunizar a la mayor cantidad de población vulnerable, por ello la prioridad es la inversión en el sistema de salud en su presupuesto ordinario, para aumentar progresivamente sus capacidades y en su financiamiento extraordinario, para otorgarle flexibilidad y liquidez en los momentos de apremio.

Para lograr los acuerdos anteriores, se necesita la construcción de consensos, para nadie es una extrañeza que la actual Administración, ha decidido tomar las decisiones que inciden en la vida de todos, a partir de sus propios intereses, desdeñando y descalificando cualquier idea contraria a los mismos. El sistema político mexicano, dota de un enorme poder de acción y decisión al presidente, si bien es cierto a lo largo de su Historia, al término de la Revolución, se fueron creando contrapesos necesarios, como el Congreso y los Órganos Constitucionalmente Autónomos; hoy es evidente que el titular del ejecutivo tiene un amplio poder por encima de cualquier otro actor político; anteriormente este escenario no había significado un problema, porque la contención del poder del presidente era su propio sentido común. Hoy lamentablemente, no se tiene esa contención dado que se toman decisiones, en contra de los intereses nacionales; baste ver el decreto que asegura los recursos para sus proyectos de infraestructura, dotándoles de recursos extraordinarios y reduciendo la capacidad de gestión del propio gobierno federal.

Así también, es necesario pensar en una reforma política que le permita a otros actores, tener un margen de contención y de decisión, sin que esto represente un juego de poder que resulte en una parálisis del Gobierno; es necesario que el presidente siga teniendo esa capacidad de decisión, pero que otros actores políticos tengan mecanismos para incidir en las decisiones públicas. Quizá a través de la formación de gabinetes de coalición que funcionen en momentos críticos como los que estamos viviendo.

La epidemia del Covid-19, ha exacerbado la desigualdad, millones de personas no tienen la posibilidad de confinarse en sus hogares ante la precariedad económica, además son esas mismas personas quienes no tienen acceso a un sistema de salud pública y que tampoco cuentan con beneficios de seguridad social o estabilidad laboral; tenemos que construir sistemas flexibles, progresivos y contributivos para que estas personas tengan acceso a un piso mínimo de protección social.

Para ello es necesario construir y respetar un acuerdo nacional, que debe surgir del consenso de todas las fuerzas políticas, la sociedad civil, los gremios laborales y las cámaras empresariales; pero sobre todo es necesario darle voz a millones de personas que no están siendo representadas por las actuales autoridades; ante la elección intermedia, es necesario salir al encuentro de la sociedad para llevar su voz y representar sus intereses, no podemos seguir haciendo política desde nuestro escritorio, hay que salir para escuchar.

México estará de pie muy pronto y tenemos que construir las soluciones para superar los efectos en la salud, la economía y la seguridad social que habrá dejado esta contingencia.

La política es la promesa del futuro; hoy quienes hemos asumido este trabajo, debemos pensar y dialogar para sentar las bases del consenso, con las cuales se edificarán las soluciones del mañana, espero que todos estemos a la altura de este reto.