Al ser contemplado en su forma extrema,
casi cualquier poder luce peligroso”
Ruth Bader Ginsburg.
Magistrada Federal de los Estados Unidos.
Los objetivos de un Gobierno pueden anunciarse en los discursos, pero es en el presupuesto donde se manifiestan las verdaderas aspiraciones de cambio que desde el poder se ejercen. Durante la campaña el entonces candidato presidencial, suscribió una serie de compromisos relacionados con la inclusión de las personas con discapacidad, prometió un Instituto Nacional donde estaría al frente una persona integrante de este colectivo, en su plataforma de campaña hablaba de accesibilidad y más aún en el Anexo del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, se propone como meta una disminución de la pobreza para este sector social de forma progresiva de forma que al menos la mitad de la población que se encuentra por debajo de la línea de ingreso de bienestar mínimo supere esta carencia social.
Sin embargo, en los hechos lo que ha disminuido progresivamente es el presupuesto destinado a la Inclusión Social de las personas con discapacidad, es decir financiamiento que permita el acceso con equidad a la educación, el empleo, la formación de la empresa propia y la participación en asuntos públicos, todo ello tomando como eje rector el derecho a la accesibilidad y aplicando el modelo social de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Es cierto, que el “Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad”, es una de las acciones emblemáticas del actual Gobierno y tiene como meta otorgar un millón de apoyos directos a la población con discapacidad principalmente de 0 a 29 años y de personas pertenecientes a los pueblos indígenas; sin embargo, este programa no tendrá ningún éxito sino se acompaña con una política integral y transversal enfocada al acceso a los derechos humanos, principalmente educación, salud y empleo.
Existe un mal diagnóstico de la actual administración sobre el uso de los recursos públicos para solucionar “el problema de la discapacidad”, dado que el presupuesto, se emplea de forma directa en las personas y no en la eliminación de las barreras que impiden o limitan su acceso a los derechos humanos, entonces lo que inevitablemente sucederá es que la población con discapacidad estará confinada durante este sexenio a una trampa de pobreza.
En el presupuesto para el ejercicio fiscal de 2021, vemos la desaparición de programas enfocados al acceso a la educación como el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa, aparentemente sustituido por el Programa de Atención de Planteles Federales de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad (PAPFEMS) y el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE); pero al revisar los números observamos que su presupuesto es de aproximadamente el 40% de lo que contaba el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa.
En materia de accesibilidad, la desaparición del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS), logro de diputadas priistas en la LXI Legislatura Federal hoy día ha desaparecido, eso no solo refleja el nulo interés por eliminar las barreras que limitan a las personas con discapacidad, sino también su renuncia al Federalismo como una forma republicana de gobernar, es una contradicción evidente, que el presidente se asuma como liberal y asuma el Centralismo como una forma de gobernar, dado que en nuestro siglo XIX una de las pugnas entre liberales y conservadores, era la defensa del Federalismo por los primeros y el deseo Centralista de los segundos.
El presupuesto destinado a la Inclusión de las Personas con Discapacidad, prácticamente desaparece, además observamos que el CONADIS con 31 millones de pesos está condenado a una participación accesoria y testimonial en la construcción de la política pública, aún se desconoce si se publicará el “Programa Nacional para la Inclusión y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad”, que emana de un mandato de Ley, pero ante la ausencia de un titular formal en CONADIS y el inexplicable silencio del Titular de la Secretaría de Bienestar sobre una política encaminada al acceso a los derechos, se concluye que el único interés del Gobierno Federal, es repartir sin diagnóstico y metodología, recursos para mantener su proyecto de poder, sin que se tenga un proyecto de gobierno.
Uno de los recortes más dramáticos que se vivirán en este sexenio es la cruel reducción, al presupuesto para el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es quizá el único espacio médico de rehabilitación integral, en 2019 se contaba con 1,320,757,412.00 Pesos, pero para 2021, solo se tendrán 164,425,843.00, esto producirá que recursos humanos que se han formado con el tiempo se pierdan, algunos de manera irremediable. Sin duda, los servicios de rehabilitación enfrentarán una severa crisis, en 2018, según datos de transparencia presupuestaría se dieron alrededor de 750 mil consultas de rehabilitación cuando la demanda era de 1 millón; con la demanda creciente por el avance de la diabetes, la hipertensión y los accidentes viales, con certeza y base en ese presupuesto, la salud de miles de personas estará en riesgo.
A la luz del presupuesto proyectado para el año que viene, la brecha entre la población con discapacidad y sus pares sin esta condición seguirá ampliándose, las barreras serán más amplias y volverán a limitar a poblaciones que ya habían superado las carencias sociales tal como lo revela CONEVAL, donde en acceso a la salud y rezago educativo en el sexenio pasado se consolidaron avances progresivos.
Esperemos que, en el 2021 con una nueva conformación en la Cámara de Diputados, existan voces que puedan defender el presupuesto encaminado a la inclusión social de las personas con discapacidad, así como sucedió en la LXI Legislatura Federal; tal como dijo, la recientemente fallecida Ruth Bader Ginsburg, “Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones. No debería ser que las mujeres sean la excepción”, es necesario que las personas con discapacidad ocupen espacios de decisión de tal forma que el presupuesto refleje las necesidades de la población y no el afán clientelar de un proyecto de poder, que carece de rumbo de gobierno.