El advenimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha significado sin duda un cambio en la conceptualización de esta condición, definiéndola como la construcción de barreras sociales que impiden o limitan el efectivo goce de los derechos humanos por parte de un conjunto de personas que viven con algún tipo de deficiencia. El acto de dividir a la sociedad a través de la discapacidad, tiene como objetivo hacer visibles los requerimientos y las demandas de este sector social, en comparación de sus pares sin discapacidad, los cuales tienen mayores posibilidades de trazar y ejecutar un proyecto de vida, sin que el entorno o las formas de discriminación impidan su consecución.
Hoy en día, diversas voces se han manifestado para que las personas con discapacidad tengan acceso a los derechos políticos consagrados en la Constitución, tales como el sufragio libre, la postulación a cargos y la asociación con fines de participación en asuntos públicos; todas ellas coincidiendo en la necesidad de una representación propia de las personas con discapacidad, ya que la mayoría de las voces en la opinión pública que hablan sobre el tema provienen de terceros interesados y solidarios; pero resulta inaplazable que las propias personas con discapacidad cuenten con espacios para representarse y promover sus intereses y demandas.
En el sistema político nacional, el poder generalmente se obtiene a través de la postulación dentro de los particos políticos y es ahí donde ha habido algunos avances importantes con convicciones firmes que serán sin duda el impulso para que este grupo social pueda incluirse en la realidad política nacional.
Hoy solamente el PRI cuenta con espacios de participación y representación reflejada en sus estatutos, otros partidos políticos han asumido el reto de la creación de espacios de participación como Movimiento Ciudadano que cuenta con un despacho relativo; sin duda el reto para la militancia de otras expresiones políticas es consolidar al interior de sus estructuras espacios reales de participación, con recursos materiales y económicos y fortalecer dentro de sus Plataformas Políticas la visión de las personas con discapacidad.
Este adelanto en materia de participación política del PRI se vio reflejado en las 22 candidaturas que fueron ocupadas por personas con discapacidad y el compromiso de mantener una representación en el Congreso; sin embargo el reto por venir en todas las fuerzas políticas es la apertura de espacios al interior de sus estructuras, la formación de cuadros, la disponibilidad de recursos y sobre todo el compromiso de erradicar las formas de discriminación para que este grupo social, tenga igualdad de oportunidades para competir por una candidatura, donde la discapacidad no sea un factor para negarla, pero tampoco para otorgarla sin competencia política.
Porque el espíritu de la Convención radica en que dadas las oportunidades de desarrollo para todas las personas, la discapacidad no sea una condicionante que impida a su acceso, sino que con equidad cada persona pueda desarrollarse tanto como su voluntad, capacidad y talento se lo permita, siendo este el aliciente mayor de la democracia.
#Hagamos Equipo
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