Sin titular en el CONADIS y la incertidumbre de si se creará un Instituto Nacional para las Personas con Discapacidad, la actual administración no parece tener claros sus objetivos con respecto al futuro de las necesidades de esta población. Urge que los defina si se pretende incluirlos en el Plan Nacional de Desarrollo.
En el anteproyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2018–2024 (PND) se indica que se realizarán consultas con personas con discapacidad “para elevar las preocupaciones y problemáticas de grupos cuyas voces han sido poco escuchadas”, y se plantea que éstas tendrán que  desarrollarse antes del 19 de marzo para poder incorporarse al PND el 30 de abril del presente año.1 

En acuerdo con el PND y por mandato de la Ley General para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGDIPCD), el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (PNDIPD),2 debe elaborarse y publicarse en el primer trimestre del año siguiendo  los objetivos del PND.3

Este programa tiene como meta identificar las principales barreras responsables de excluir a las personas con discapacidad para después proponer, en conjunto con las instituciones y dependencias responsables, las acciones necesarias y erradicarlas de forma progresiva. El responsable del diagnóstico hasta ahora ha sido el CONADIS,4 el cual hace una consulta a nivel nacional con las personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y considera la interseccionalidad de este grupo social, con otros: la niñez, los adolescentes, los pueblos indígenas, las mujeres y los adultos mayores.

El PNDIPD debe contener indicadores, metas programáticas y otros instrumentos que permitan evaluar en una línea de tiempo el impacto de la política pública en la vida de las personas con discapacidad. Establece los mecanismos de coordinación con los tres niveles de Gobierno y sirve como referencia para la política pública de los gobiernos estatales y municipales de forma que haya objetivos, indicadores y acciones comunes para generar un impacto integral con la menor disparidad posible, aunque considerando la diversidad y necesidades de cada entidad federativa.

A la fecha hay pocos indicios de cuáles serán los objetivos en materia de política pública para la inclusión de las personas con discapacidad. El Gobierno Federal ha expresado a través del presidente y de la secretaria de bienestar que su principal programa para el sector será  el otorgamiento de pensiones para un millón de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en municipios de alta marginación y con presencia de pueblos indígenas.

Aunque sea una buena medida a corto plazo, como se ha discutido ampliamente la simple entrega de pensiones económicas no tendrá mayores efectos en el desarrollo de las personas con discapacidad. Aún no se vislumbra cómo accederán a la educación, el empleo, la formación de la empresa propia y, sobre todo, a la participación en los asuntos públicos; todos elementos necesarios para su empoderamiento y por ende su inclusión al desarrollo. Esta acción de carácter asistencial es necesaria derivado del alto índice de pobreza en que viven millones de personas con discapacidad, pero una serie de políticas públicas son ineludibles para no construir una “trampa de pobreza” en la transferencia de recursos económicos.

Por otro lado, es conocido que el presidente ha etiquetado a las organizaciones civiles de “intermediarias”: gestoras de recursos que condicionan a las personas a cambio de prácticas clientelares, sobre todo con fines electorales. Razón por la cual ha reducido los programas dedicados a su fortalecimiento y financiamiento con recursos públicos como el Programa de Coinversión Social,5 que ha sufrido una severa reducción y ha comprometido la operación de muchas organizaciones civiles que trabajan por la inclusión de personas con discapacidad, principalmente en el ámbito de la rehabilitación, la capacitación para el empleo y la vida independiente y la educación inclusiva. Sin estos apoyos se esperaría que las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad ciivil fueran desarrolladas por el Estado.

En el Poder Legislativo hay indicios de otro tipo de visión respecto a esta política pública, dada la coincidencia de los grupos parlamentarios para crear el Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad, el cual propone sustituir al CONADIS.6 Esta iniciativa fue propuesta por el PRI y presentada el 4 de diciembre del año pasado en ambas Cámaras con la finalidad de dictaminar la iniciativa en conferencia; el mismo proceso que siguió el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y que hoy día ya se encuentra en operación. Cabe señalar que a esta propuesta se sumaron los Grupos Parlamentarios del PAN, MC, PRD y PVEM. En días pasados el PT presentó en el Senado una propuesta similar para la creación del Instituto que contó con el apoyo de Morena y del PES, además de los grupos parlamentarios que ya se habían sumado a la Iniciativa original de diciembre.7

Lo anterior hace suponer que ya existe un consenso entre las diversas fuerzas políticas para la creación del Instituto y que habría que esperar la voluntad del Ejecutivo Federal para darle salida a esta iniciativa. Es necesario actuar con prontitud dadas las obligaciones legales que tiene el CONADIS respecto al PND y el PNDIP y considerando que la naturaleza jurídica y operativa del Instituto difiere con la que actualmente tiene CONADIS.

La principal diferencia entre ambas dependencias es que el Instituto sería un órgano descentralizado y no sectorizado de la Administración Pública Federal (APF), lo que quiere decir que no depende de ninguna Secretaría de Estado o dependencia del Ejecutivo Federal. Sus objetivos, metas programáticas, indicadores, e incluso su régimen de transparencia y rendición de cuentas no están alineados a los de la Secretaría de Bienestar como sucede con el CONADIS, sino directamente con los del PND, por lo deben ser construidos desde esta perspectiva.  Si bien el CONADIS se ajustó a las condiciones del momento de su creación y funcionó muy bien para ello, actualmente las necesidades de la población con discapacidad son mayores: se requiere participación cercana de las organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo es necesario el establecimiento de una política pública transversal que contemple las varias aristas e intersecciones de la discapacidad.

Además, el Instituto buscaría generar mecanismos para proveer a la Administración Pública y a la población acciones que ninguna otra dependencia realiza o puede realizar, como la capacitación en Lengua de Señas y otras acciones de acceso a la información.

El Instituto necesita de un nuevo estatuto orgánico para su diseño administrativo que conlleva la definición de su organigrama y los perfiles de los servidores públicos que requiere, los manuales de procedimiento y los convenios jurídicos de colaboración con las Dependencias y Entidades Federativas. Es decir, la creación del Instituto significa construir un nuevo andamiaje jurídico y administrativo y a la vez desarrollar el PNDIP y su interacción con la APF.

Dada la ausencia de una agenda de inclusión de las personas con discapacidad en el discurso oficial y la coincidencia de las fuerzas políticas en el Senado de la República para la creación del Instituto, a la fecha no se sabe si se continuará con el CONADIS o se creará el nuevo Instituto. En cualquiera de los escenarios se pierde tiempo valioso para integrar los objetivos de inclusión de personas con discapacidad en el PND. La Institución responsable, sea CONADIS o el Instituto, corre el riesgo de no concluir a tiempo las etapas para incorporar líneas y objetivos en el PND. De ser el caso, el PNDIP no será concurrente y su implementación y ejecución podrían comenzar hasta finales de 2020. Por otro lado, si se nombra titular en el CONADIS y éste comienza a trabajar en la creación de su estructura administrativa, metas y estrategias, y más tarde se crea el Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad se tendrá que diseñar todo de cero.

El PNDIP debe cambiar en función de la naturaleza de la Institución responsable: el Instituto tendría mayores facultades y autonomía para ejecutar programas propios y no depender administrativa y presupuestalmente de la Secretaría del Bienestar lo que obligaría a su programa a cubrir mayores líneas de acción que requieren la construcción de matrices de indicadores y resultados.

El Ejecutivo debe clarificar qué tipo de Institución requiere en su visión sobre la política pública para la inclusión de las personas con discapacidad. El retraso en la decisión puede ocasionar la omisión de líneas de acción transversales en el PND encaminadas al acceso a los derechos humanos por parte de las personas con discapacidad, aumentando sus niveles de rezago y pobreza.

1 “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”.

2 Artículo 33, Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

3 Artículo 34 fracción II, Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

4 Artículo 42, fracción I, Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

5 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, Anexo 14 Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables, Presupuesto asignado 129 mdp.

6 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por Claudia Edith Anaya Mota. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por Ivonne Liliana Álvarez García y otras, disponible en Gaceta Parlamentaria número 5170-VII, martes 4 de diciembre de 2018.  número 5170-VII, (706).

7 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por Nancy de la Sierra Arámburo.

Con información de https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=839