Las minorías conforman un grupo poblacional que tiene como características que para fomentar la igualdad de éstas en relación con otros sectores de la población, el Estado debe dictar medidas específicas, como por ejemplo la creación de leyes e instituciones que procuren que en la realidad, estas minorías no sean discriminadas y si participen en el desarrollo nacional, con la condicionante irrenunciable de poder ejercer sin dificultad alguna sus Derechos Fundamentales.

Esta creación de leyes e instituciones se hace necesario en democracias frágiles, en democracia emergentes, que por esta misma razón  hay grupos de personas que están al margen del llamado desarrollo nacional, mientras que existen grandes  sectores de la población que se encuentran en pleno goce de sus Derechos; o peor aún, hay otras minorías que por cuya condiciones de vida son privilegiadas, en razón de su poder económico, político, de su estabilidad laboral, por ejemplo. Así pues, en democracias, que en los hechos se ve débil como la nuestra, las minorías están excluidas, poniendo énfasis el relegado papel que tienen en la economía, en el mercado laboral, en la imposibilidad de ejercer sus Derechos Sociales.

Ante este contexto, insisto, es el Estado quien toma las medidas necesarias para fomentar la inclusión de estas minorías, para privilegiar y garantizar el ejercicio de sus Derechos fundamentales progresivamente, a pesar de que por ejemplo, en el arreglo constitucional máximo se prevea la igualdad. A esto, a la sobre regulación a favor de los Derechos de las minorías se le conoce como discriminación positiva.

Aterrizo el presente artículo con unos de los sectores que constantemente ha estado en movimiento para ganar en todos los ámbitos espacios de inclusión y participación... sí, me refiero al de las Personas con Discapacidad.

Y en lo personal no puedo ni debo abandonar el tema, el de la política social y de inclusión hacia las Personas con Discapacidad en este Gobierno Federal, independientemente de mi inclinación partidista, ya que los avances logrados por las Asociaciones Civiles de y para Personas con Discapacidad, en los tiempos actuales se encuentran en franca amenaza de un retroceso, pues el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad –CONADIS-, está en riesgo de desaparecer.

En el ánimo de depredador las políticas sociales y las instituciones públicas del país, aquellas que tienen como finalidad la velar por políticas incluyente y transversales a favor de las Personas con Discapacidad, no se salvan, y en vez de fortalecerlas y hacerlas más transversales, las aniquila, y  está acción viniendo de un gobierno de izquierda, es una gran contradicción.

En su momento este Gobierno Federal ha dado marcha atrás a determinadas medidas, como por ejemplo el haberle recortado el presupuesto a las Universidades públicas, pero en otras ocasiones ha demostrado su cerrazón y no dejarse influir por la opinión publicada ni por el parecer de las Asociaciones Civiles, y  no creo necesario mencionarlas.

El reto está ahí para quienes tenemos o no discapacidad pero al igual nos identifica las causas del movimiento de personas con discapacidad, que no es más que la inclusión en todos los ámbitos en que un servidor humano se desarrolla. El reto está ahí, lograr direccionar la política social de esta Gobierno Federal y que CONADIS, no desaparezca; el reto máximo es transformar la mirada de López Obrador y que CONADIS –cuya misión se lee en su Sitio Web, la de Coordinar e impulsar acciones para asegurar el ejercicio y goce de los derechos de las personas con discapacidad, así como contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena-, se transforme en el Instituto Nacional de Inclusión para las Personas con Discapacidad; y el desafío aspiracional para quienes participamos y nos involucramos desde una u otra arena en el movimiento de los Derechos e inclusión de las Personas con Discapacidad, es que en cada Estado de la República exista un Instituto de Discapacidad.

En Veracruz por cierto, pienso que el movimiento, aunque pareciera perderse en el limbo de los asuntos públicos y le insensibilidad de la clase política,  va encaminado tarde o temprano a la creación del Instituto Veracruzano para la discapacidad, pero para ello, este tema tiene que ser parada en asuntos, reformar la Ley del Estado, y por supuesto, el Reglamento de la misma.

Pienso además que los  que estamos involucrados en este movimiento nos falta revisar lo que hemos hecho y lo que no hemos realizado, para lograr que el Estado mexicano cumpla puntualmente el Convenio de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el Estado Mexicano firmó cumplir en el mismo seno de Naciones Unidas.

Por lo que respecta estrictamente a un servidor, lo mínimo que tango que hacer, juntos con mis otros compañeros y compañeras que tenemos discapacidad y que militamos en el PRI, es abrir más espacios en este Instituto Político, que sea más incluyente de lo que es.