De acuerdo a la Ley de Planeación, el PND tiene como uno de sus objetivos principales “la igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, “citado en la fracción III del Artículo 2º, de ahí la necesidad de establecer políticas que cumplan con este y los demás objetivos.
La inclusión de las personas con discapacidad, como política pública debe identificar, prevenir y erradicar las barreras en el entorno que impiden o limitan a este grupo social acceder de forma plena a sus derechos humanos; para posteriormente construir a través de acciones afirmativas, medidas de nivelación y sistemas de apoyo, pero sobre todo de la accesibilidad, que incluye el derecho a solicitar ajustes razonables; los programas y acciones de gobierno necesarios para que un mayor grupo de personas accedan con dignidad y equidad a sus derechos humanos.
Esto se tiene que dar, a través del fortalecimiento de las capacidades de las instituciones y dependencias de gobierno que interactúan de forma directa con las personas con discapacidad, no se restringe al fortalecimiento de CONADIS o de su evolución en un Instituto; la política pública en materia de inclusión de las personas con discapacidad, tiene que llevarse a cabo en cada una de las instituciones con metas, indicadores y acciones desarrollados de acuerdo a su competencia y capacidad de intervención.
Y por obvias razones no se limita a la esfera de la Federación, las competencias de las entidades federativas y de los municipios también deben fortalecerse y agruparse bajo una política nacional. Actualmente solo 11 entidades cuentan con instituciones dedicadas a promover acciones de inclusión en el segundo y tercer nivel de gobierno, pero entre ellas no guardan similitud en sus alcances, indicadores, presupuestos y metas. El CONADIS como coordinador del Sistema Nacional requiere un mayor fortalecimiento institucional siempre y cuando la política pública este encaminada al desarrollo de mayores capacidades por parte de las instituciones.
En segundo lugar, es imprescindible el fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, porque son ellas quienes desarrollan las habilidades y competencias de las personas con discapacidad para incluirse en la sociedad, es imposible que el Estado asuma la diversidad y la cantidad de acciones que las OSC’s realizan en contacto directo con las personas con discapacidad y sus familias, más aún, organizarse para participar en los asuntos de la sociedad es un derecho reconocido y protegido por la Constitución en su artículo 35 fracción III, que dice: “Son derechos del ciudadano… III. Asociarse individual y libremente para participar en los asuntos públicos del país”, así la política pública para la inclusión de las personas con discapacidad debe considerar como un pilar la participación de las organizaciones civiles, como un derecho que debe protegerse, respetarse y garantizarse, #SialasOSC
Finalmente, un tercer aspecto irrenunciable es el acceso de las personas con discapacidad al poder, no sólo a través de la consulta estrecha y la participación plena, como lo enmarca la Convención, sino también al acceso sin discriminación a todos los espacios de toma de decisiones, en los tres poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno, desde los espacios de opinión, participación y consulta, pero también e ineludiblemente de decisión, es fundamental que existan mayores oportunidades para el acceso al poder, siempre que se de a través de la representación propia, las personas con discapacidad debemos ser protagonistas de las acciones destinadas a la inclusión, no a través de terceros, ni de representantes. La política es el acto de construir el espacio que compartimos, si no participamos directamente en las decisiones que modifican nuestro entorno, estamos siendo excluidos.
Es por ello que este ejercicio necesita replicarse y mejorar, es importante la participación de las personas con discapacidad en el PND y posteriormente en el Programa Nacional concurrente, sin embargo en este ejercicio en los tres minutos que tenemos para hablar, no podemos expresar nuestras inquietudes y propuestas, sino solo basarnos en líneas generales, además no se presenta un documento base de discusión, por lo que desconocemos el alcance que tendrá nuestra participación, porque sin una base sobre la cual opinar no existe ningún tipo de consulta, denegando este derecho expresado en la Convención, más aún este ejercicio en el que hoy participamos es simplemente una acción para cumplir un requisito y una formalidad ante a la opinión pública, donde millones de personas han sido ignoradas.
Concluyo haciendo un llamado para que la política sobre la inclusión de las personas con discapacidad se centre en la modificación del entorno para eliminar las barreras que nos excluyen y no solo se base en la transferencia de recursos, que si bien es una acción asistencial necesaria, no es suficiente para garantizarle el acceso a los derechos humanos, a sus beneficiarios.
Las personas con discapacidad tenemos las manos levantadas, pero no solicitamos una dádiva, exigimos una oportunidad para ser electoras de nuestro propio destino.